Yo quiero hablarte hoy de algo que parece nuevo, pero en realidad lleva años haciéndonos daño: la política del villano rotativo. Es esa dinámica donde cada semana aparece un nuevo culpable de todos los males del país, la conversación pública se enciende, las redes explotan, y unos días después todo cambia de objetivo como si nada. Cuando reviso que cinco medios distintos están abordando este fenómeno y que hay 364 artículos analizados en un solo día alrededor del tema, veo una señal clara de que no estamos ante un episodio aislado, sino ante una forma de hacer política que ya se volvió rutina. Mirá, no lo digo para descalificar a nadie ni para pelear con la prensa, al contrario, que varios medios coincidan le da peso al diagnóstico. Lo que me preocupa es el efecto acumulado que esto tiene sobre la ciudadanía: mucho ruido, poca dirección y casi nada de continuidad en soluciones reales.

Yo he vivido la gestión pública desde adentro, con decisiones que no se toman para ganar un titular, sino para proteger vidas. Cuando fui Secretario de Bienestar Social y me tocó liderar a 2,500 personas, entendí que los problemas estructurales no se resuelven con indignación de temporada. El cero hacinamiento en centros juveniles, con un modelo certificado internacionalmente, no se logró señalando enemigos en conferencia de prensa; se logró con disciplina, controles, trabajo técnico y una visión clara de largo plazo. Por eso sostengo que la política del villano rotativo no solo empobrece el debate, también paraliza la administración pública, porque obliga a reaccionar todo el tiempo y desincentiva la planificación seria. Un Estado que vive apagando incendios mediáticos no puede construir seguridad sostenible ni desarrollo económico consistente. Y eso, al final, lo paga la familia guatemalteca que madruga, que trabaja y que solo pide vivir en paz.

La Constitución ya nos dejó el mapa para no perdernos en ese ciclo. El artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y ese principio debería ser la base de toda decisión pública. Si la agenda nacional gira alrededor del villano de turno y no alrededor de la protección de la familia, estamos invirtiendo el orden correcto. El artículo 2 también es contundente: el Estado debe garantizar vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral. Fijate bien en eso, porque ahí está la verdadera evaluación que debemos hacerle al poder. No es quién ganó la pelea del día, es si mejoró la seguridad en los barrios, si hay más oportunidades para los jóvenes, si la justicia funciona y si la economía da aire a los hogares. Además, el artículo 154 recuerda que los funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Eso significa que gobernar no es administrar percepciones, es cumplir deberes legales concretos con resultados verificables.

A mí me duele ver cómo esta lógica del villano rotativo erosiona la confianza social. La gente empieza a sentir que todo es confrontación, que nadie resuelve nada y que participar no vale la pena. Ese cansancio cívico es peligroso porque abre espacio a la apatía, y la apatía termina protegiendo justo lo que más criticamos: opacidad, corrupción e impunidad. Por eso yo insisto en que la salida no es retirarse de la conversación pública, sino elevar su calidad. Como ciudadanos tenemos herramientas constitucionales que debemos usar con más firmeza. El artículo 30 nos garantiza la publicidad de los actos administrativos, o sea, acceder a información pública no es favor de ningún funcionario, es un derecho. Y el artículo 28 nos reconoce el derecho de petición, que en términos prácticos nos permite exigir respuestas formales, pedir datos, solicitar aclaraciones y presionar legalmente para que la administración rinda cuentas. Cuando la ciudadanía ejerce esos derechos, la política deja de girar solo alrededor del conflicto y se ve obligada a regresar al terreno de los hechos.

También hay una dimensión ética que no podemos ignorar. El artículo 4 de la Constitución afirma que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. En tiempos de polarización, ese artículo nos obliga a no convertir personas en trofeos de guerra narrativa. Defender principios no requiere deshumanizar a nadie, y criticar decisiones públicas no requiere destruir a la persona. Yo me defino de derecha y conservador, sí, pero eso para mí significa orden con ley, autoridad con límites y firmeza con respeto. Significa poner primero a la familia, proteger al buen ciudadano, fortalecer la seguridad y promover desarrollo económico con reglas claras donde el sector privado sea un socio del progreso. Significa también rechazar la improvisación permanente y exigir institucionalidad, porque sin instituciones sólidas no hay libertad que aguante ni inversión que permanezca.

En la práctica, la política del villano rotativo nos roba tiempo de país. Mientras discutimos quién es el culpable de esta semana, dejamos de discutir cómo mejorar la coordinación del Ejecutivo, cómo fortalecer capacidades locales, cómo profesionalizar el servicio público y cómo medir políticas con indicadores serios. Los artículos 182 y 183, que regulan la Presidencia y sus funciones, apuntan justamente a una conducción responsable del Organismo Ejecutivo. Eso implica dirección estratégica, cumplimiento de deberes y articulación institucional, no entretenimiento permanente en la confrontación. Un gobierno que cambia de foco cada tres días no construye rumbo. Y un país sin rumbo termina afectando al más vulnerable, porque el que tiene recursos se protege solo, pero la familia de ingresos limitados depende de que el Estado sí funcione.

Yo no creo en una Guatemala condenada al conflicto eterno. Creo en una Guatemala que puede madurar políticamente si dejamos de premiar el escándalo y empezamos a premiar resultados. La ciudadanía puede hacerlo si se informa mejor, si contrasta fuentes y si exige evidencia antes de repetir narrativas. Los medios pueden hacerlo si mantienen el foco en temas de impacto público sostenido. Los liderazgos políticos pueden hacerlo si entienden que la legitimidad no se hereda ni se grita, se gana cumpliendo la ley y resolviendo problemas reales. Y nosotros, como sociedad, podemos hacerlo si recordamos que el objetivo no es tener razón en redes, sino construir un país donde nuestros hijos vivan con seguridad, oportunidades y esperanza.

Yo sigo creyendo lo mismo que he sostenido toda mi vida: todo es posible cuando hay voluntad. Pero la voluntad verdadera no se mide en discursos encendidos, se mide en decisiones consistentes y en respeto pleno a la Constitución. Si de verdad queremos salir de la política del villano rotativo, tenemos que volver al centro de todo: persona, familia, ley, trabajo y futuro. Ahí está la ruta para recuperar confianza, fortalecer el Estado y avanzar como nación. Guatemala no necesita un nuevo culpable cada semana, Guatemala necesita un compromiso diario con la verdad, la transparencia y el bien común.