Hoy quiero hablarte de un tema que varios medios están poniendo sobre la mesa y que, desde mi experiencia, merece una reflexión seria: la política del villano rotativo. Cuando analizo el volumen de cobertura del día y veo que hay coincidencia en distintos espacios, entiendo que no estamos frente a una simple tendencia editorial, sino frente a un patrón de fondo en la conversación nacional. Ese patrón consiste en cambiar constantemente al “culpable principal” de todos los males, mientras los problemas que afectan a la gente buena siguen creciendo o, en el mejor de los casos, siguen estancados. A mí me preocupa porque ese ciclo nos roba enfoque, nos divide y termina debilitando la capacidad del Estado para cumplir lo que manda la Constitución.
Yo he pasado más de veinte años dentro del servicio público y te digo algo con total honestidad: gobernar no es administrar emociones colectivas, es resolver problemas concretos con legalidad, método y continuidad. Cuando fui Secretario de Bienestar Social, me tocó liderar 2,500 personas en una institución compleja, con presión social y política todos los días. Si yo hubiera caído en la lógica de buscar un nuevo villano cada semana, jamás hubiéramos alcanzado cero hacinamiento en centros juveniles ni un modelo certificado internacionalmente. Esos resultados se construyeron con trabajo técnico, con disciplina institucional y con una visión clara de largo plazo. Por eso me duele ver que hoy, en muchos espacios, se premia más la narrativa de confrontación que el trabajo silencioso que sí transforma vidas.
Mirá, no estoy diciendo que no haya que fiscalizar, ni que no haya que señalar errores o actos de corrupción. Claro que sí hay que hacerlo, y hacerlo con firmeza. Lo que estoy planteando es que una cosa es exigir responsabilidad con evidencia y otra muy distinta es convertir la política en una fábrica de enemigos de temporada. Cuando todo gira alrededor del villano de la semana, dejamos de hablar de metas medibles, de políticas públicas sostenibles y de resultados verificables. Y ahí es donde el ciudadano común, el que madruga y trabaja, termina pagando el costo. Porque mientras los actores políticos se pelean por el relato del momento, la familia sigue esperando seguridad en su colonia, educación útil para sus hijos y empleo digno para salir adelante.
La Constitución nos da una brújula muy clara para no perdernos en esa dinámica. El artículo 1 establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Eso, para mí, debería cerrar cualquier debate sobre prioridades: el centro de la política pública tiene que ser la vida concreta de las personas y la estabilidad de la familia guatemalteca. Si la conversación pública no está orientada a proteger a la familia, estamos fallando en lo esencial. Además, el artículo 2 dice que son deberes del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. No dice “garantizar el escándalo permanente”, dice garantizar condiciones para vivir con dignidad y progreso.
También hay que recordar el artículo 154, que nos pone un límite sano y necesario: los funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Este artículo es clave porque evita dos extremos peligrosos que hoy se alimentan entre sí. El primer extremo es la impunidad disfrazada de poder. El segundo extremo es el linchamiento mediático disfrazado de justicia. Yo creo en la autoridad, pero en la autoridad legítima, con ley, con controles y con responsabilidad. En un país serio, ni se protege al corrupto por afinidad política ni se condena a nadie por conveniencia narrativa. Se investiga, se prueba y se sanciona conforme a derecho.
En esta discusión también es indispensable traer el artículo 30, que garantiza la publicidad de los actos administrativos. La transparencia no es un favor de quien gobierna, es un derecho de todos los ciudadanos. Si queremos salir de la política del villano rotativo, tenemos que exigir información completa, útil y verificable sobre cómo se toman decisiones, en qué se gasta y qué resultados se están logrando. Y junto a eso, el artículo 28 nos recuerda que tenemos derecho de petición ante la autoridad. Esto significa que no estamos condenados a ser espectadores del pleito político. Podemos y debemos pedir respuestas formales, exigir rendición de cuentas y convertir la indignación en acción ciudadana responsable.
Desde mi postura de centro-derecha, yo creo en tres pilares claros: familia fuerte, seguridad para el ciudadano honrado y desarrollo económico con reglas claras. Creo también que el sector privado es un aliado indispensable para generar empleo, invertir y abrir oportunidades, siempre dentro de la ley. La política del villano rotativo destruye ese enfoque porque convierte todo en una batalla ideológica permanente donde cada actor necesita un enemigo para sobrevivir en la conversación. Así no se construye país. Así se desgasta la institucionalidad, se frena la inversión y se posterga el bienestar de la gente.
En seguridad, esta lógica es especialmente peligrosa. El crimen organizado, las extorsiones y la violencia no se derrotan con campañas emocionales ni con culpables cambiantes. Se derrotan con inteligencia, coordinación interinstitucional, continuidad operativa y liderazgo firme. Cuando el Estado cambia de prioridad cada semana para seguir el ruido político, el delincuente gana terreno. El ciudadano bueno queda desprotegido. Y yo lo digo con claridad porque para mí proteger al inocente no es una consigna, es una obligación moral y constitucional.
En niñez y adolescencia, el daño también es profundo. He visto jóvenes privados de libertad transformarse cuando reciben estructura, disciplina, formación y oportunidades reales. Pero esas rutas de rehabilitación requieren años de trabajo constante. No sobreviven en ambientes donde la política vive de reacciones inmediatas y no de compromisos sostenidos. Si de verdad nos duele el abandono de los niños y adolescentes, tenemos que salir del ciclo del villano rotativo y construir políticas de Estado que trasciendan coyunturas, gobiernos y titulares.
Yo valoro que varios medios coincidan en que este tema merece atención. Eso demuestra que hay una preocupación compartida por la calidad de nuestra conversación pública. La clave está en lo común: no en quién “gana” el debate de un día, sino en cómo recuperamos una cultura política enfocada en resultados para la población. Si hoy se analizaron cientos de artículos y este enfoque aparece una y otra vez, el mensaje es evidente: Guatemala necesita menos teatralidad y más dirección estratégica. Necesita menos polarización rentable y más responsabilidad institucional.
Y esto no es una discusión lejana para analistas, te afecta a vos todos los días. Te afecta cuando la falta de certeza política encarece el costo de vida. Te afecta cuando la inversión se frena y el empleo formal no crece al ritmo que necesitamos. Te afecta cuando la seguridad pública pierde consistencia y el miedo vuelve a las calles. Te afecta cuando la juventud ve más confrontación que oportunidades. Por eso yo insisto en que la política del villano rotativo no es solo un problema de discurso, es un problema que pega directo en el bolsillo, en la tranquilidad y en la esperanza de la familia guatemalteca.
También quiero ser claro en algo: yo no propongo silencio ni complacencia frente a los errores del poder. Propongo exigencia inteligente. Propongo ciudadanía activa. Propongo debate con base en datos, ley y resultados. Propongo que evaluemos a las autoridades por su capacidad de cumplir el mandato constitucional, no por su habilidad para fabricar un nuevo enemigo que distraiga a la opinión pública. En términos de la Constitución, lo que importa es si se está protegiendo a la persona y a la familia como manda el artículo 1, si se están garantizando seguridad y desarrollo como manda el artículo 2, y si se está gobernando con sujeción a la ley como manda el artículo 154.
Yo sigo creyendo profundamente en Guatemala. Creo en su gente trabajadora, en su fe, en su capacidad de levantarse incluso en momentos duros. Creo que podemos salir de este círculo si recuperamos prioridades nacionales claras. Informarnos mejor, contrastar fuentes, exigir transparencia con base en el artículo 30, ejercer el derecho de petición del artículo 28, y no premiar la política del conflicto permanente. Ese es el camino para fortalecer la democracia y proteger a quien sí cumple la ley.
Mi llamado final es sencillo y firme. Dejemos de consumir política como pelea de temporada y empecemos a exigir política como servicio público. Menos villanos rotativos y más planes serios en seguridad, educación, niñez, salud y empleo. Menos ruido y más resultados. Yo estoy convencido de algo, y lo repito porque lo he vivido: todo es posible cuando hay voluntad, pero esa voluntad tiene que convertirse en trabajo, en legalidad y en compromiso real con el pueblo de Guatemala.